Nueva oleada de críticas del Washington Post a las ayudas agrarias
Boletin exterior del MAPA| 15 Enero ´07- El diario The Washington Post, el mismo que se hizo célebre en todo el mundo por ser el que hizo aflorar el caso Watergate, que provocó la dimisión del Presidente Nixon, publicó en las vísperas de la Navidad otra serie de artículos criticando el sistema de ayudas agrarias en los EEUU. Este diario ya había publicado artículos en la misma línea en los meses de julio y de octubre. En estos artículos se critica el efecto que las ayudas agrarias están ejerciendo en el medio rural, al elevar el precio de la tierra y favorecer la concentración de las explotaciones, con lo que aseguran que se está perjudicando a las pequeñas explotaciones familiares, que no pueden competir con las grandes explotaciones, y se está favoreciendo la despoblación del medio rural, con lo que se ejerce el efecto contrario al que en teoría se persigue. En estos artículos, que se publicaron los días 21 y 22 de diciembre, se ofrecen datos que revelan que en los últimos quince años las ayudas han seguido la tendencia de concentrarse cada vez más en las explotaciones más grandes. Así, entre 1989 y 2003, el porcentaje del total de las ayudas pagadas a las grandes explotaciones, cuya facturación anual supera el medio millón de dólares, pasó del 13 al 32%, mientras que la parte que se llevan las explotaciones que facturan menos de 250.000 dólares pasó del 63% al 43%. Esto es, a su vez, consecuencia del aumento continuado del tamaño medio de las explotaciones, que se ha doblado en 20 años, llegando actualmente a 178,4 hectáreas. En áreas como las zonas rurales del estado de Illinois, la tierra ha doblado su precio entre 1990 y 2005, y hoy alcanza una media de 12.000 dólares por hectárea. La liquidez que el sistema de ayudas inyecta en las grandes explotaciones hace que las pequeñas no puedan competir en la compra de las tierras de las explotaciones que son abandonadas, por lo que las grandes son cada vez más grandes, y las pequeñas tienen cada vez más dificultades para competir por tecnología y economías de escala. Como la tecnología actual permite que las explotaciones grandes puedan ser cultivadas con poco personal, se da la circunstancia de que en muchos de los condados que más ayudas agrarias reciben, la población está disminuyendo. Actualmente, las explotaciones grandes, definidas como las que facturan al año más de 250.000 dólares, reciben el 54% de las ayudas y son responsables del 60% de la producción, aunque en número sólo representan el 7% del total de las explotaciones. La consecuencia lógica de la argumentación de este artículo es que se necesitaría al menos de un sistema apropiado de modulación de las ayudas en función del tamaño de las explotaciones, que fuera capaz de evitar este efecto. Este objetivo ha sido perseguido en el pasado en el Congreso, durante la elaboración de la actual Ley Agraria, pero los grupos de presión han conseguido que, en la práctica, la modulación que se prevé en la Ley no tenga ningún efecto. La propia Administración ha denunciado esta situación. El Secretario de Agricultura, Mike Johanns, señalaba en un discurso pronunciado el pasado mes de octubre en Indianápolis, que a pesar de que la renta agraria registra un máximo histórico, y la deuda de los agricultores está en los niveles más bajos de los últimos 45 años, el año pasado se pagaron ayudas agrarias por importe de 15.000 millones de dólares; ayudas que van cada vez más a las explotaciones más grandes. En 2003, los dueños de las mayores explotaciones familiares declararon una renta media por hogar de 214.200 dólares, que es más del triple de la media de los hogares estadounidenses. En los artículos de este periódico publicados en los meses de julio y de octubre se criticaban otros aspectos de la política agraria. En uno de ellos se cargaban las tintas sobre los pagos directos (desacoplados), que se perciben en función de los cultivos históricos, pero que no exigen cultivar nada en la actualidad. Los periodistas se preguntaban por qué tienen que recibir ayudas agrarias unos propietarios de tierras que no las cultivan y que no las han cultivado nunca ellos mismos. Citaban el ejemplo de tierras que son objeto de desarrollos urbanísticos, cuyas parcelas se venden haciendo publicidad de que tienen derecho a un pago anual. En otro artículo se criticaba el sistema de pagos en función de los precios de las cosechas. Dado que estos pagos se desencadenan cuando los precios bajan en determinados mercados testigo, y como los precios no son homogéneos, e incluso son objeto de importantes variaciones entre diversas áreas productoras y a lo largo del tiempo, el artículo citaba casos concretos de agricultores que habían obtenido buenos rendimientos de cosecha, y que habían vendido a buenos precios con considerables ganancias, y que a pesar de ello habían recibido ayudas sustanciosas. Respecto a las ayudas por desastres y emergencias, criticaron que muchas veces se decretan por motivos políticos ante acontecimientos que no son realmente catastróficos. Por otra parte, ante determinados desastres tales como inundaciones o daños por huracanes, se decretan ayudas para todos los agricultores que están dentro de determinadas demarcaciones administrativas, y se da la circunstancia de que muchos agricultores perciben las ayudas incluso si ellos mismos no han sufrido ningún daño. Esta serie de artículos parece dirigida a crear un estado de opinión favorable a una reforma en profundidad de la Ley Agraria, que expira en 2007, por lo que los trabajos en el Congreso para redactar la nueva Ley se van a intensificar a lo largo del año.
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RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
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