Un cartel con la dirección para llegar a la casa de la ñaña Nicolasa Quintremán en la entrada del acceso a la comunidad Ralco Lepoy, recibía el viernes a quienes llegaban a despedirla. Junto al cartel, un contingente de fuerzas especiales –sin armas a la vista– esperaba por si las cosas se ponían violentas.
Pero nada pasó. Y el centenar de personas que caminó al menos una hora acompañando los restos de Nicolasa hacia el cementerio, vivió una jornada cargada de emociones. Pero "también de mucha indignación de que ella muriera, porque no fue una muerte natural", relata José Araya, del Observatorio Ciudadano.
Los discursos, que en su mayoría fueron en mapudungún y oficiados por dirigentes mapuches, reflejaban las dudas que levantó la muerte de la pehuenche de 74 años en las aguas de Ralco, la misma central contra la que peleó arduamente, convirtiéndose en todo un símbolo del movimiento mapuche.
"La muerte de Nicolasa Quintremán en el lago artificial que se construyó es la imagen más clara de los resultados para el pueblo pehuenche de la construcción de Ralco. Nicolasa siempre dijo que hacer Ralco era matar al río, y con ello a su gente".
La mujer junto a su hermana Berta, movieron cielo, mar y tierra para detener el proyecto hidroeléctrico de Endesa aprobado durante el gobierno de Eduardo Frei tras un intrincado camino, que incluyó presiones directas del entonces Presidente, y que entre otras cosas terminó con la remoción de tres directores de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) que se oponían a su realización.
RALCO Y FREI
Según detalla el historiador Martín Correa, "hubo una intervención abierta y descarada del Presidente Frei, personalmente. Tanto la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) como la Conadi, desecharon el proyecto Ralco porque no cumplía con los requisitos legales, medioambientales y sociales. Ambas fueron intervenidas por el Gobierno Central, encabezado por Frei. En el caso de Conadi 'si no está de acuerdo tiene que irse', señaló respecto del entonces director. Y así fue. Y por Lagos en el caso de Conama, descabezando a sus máximas autoridades y poniendo funcionarios que aprobaran el proyecto a como diera lugar".
Los discursos, que en su mayoría fueron en mapudungún y oficiados por dirigentes mapuches, reflejaban las dudas que levantó la muerte de la pehuenche de 74 años en las aguas de Ralco, la misma central contra la que peleó arduamente, convirtiéndose en todo un símbolo del movimiento mapuche.
Según el coautor del libro Territorio y Comunidades Pehuenches del Alto Bío Bío, eso se explica "por las vinculaciones directas de funcionarios del gobierno con las empresas implicadas: el ex ministro del Interior de Frei, Edmundo Pérez Yoma, era presidente del directorio de Chilectra Metropolitana, empresa vinculada al grupo Enersis, al igual que Endesa. El Presidente Frei era accionista importante de la empresa Sigdo Koppers, cuya bandera flameaba en la Central Pangue en su inauguración por el propio Presidente. Jorge Rosenblut ejercía como subsecretario en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del cual depende la CONAMA, y luego sería presidente del directorio de Chilectra Metropolitana. Ejemplos hay muchos, y todos hablan de vinculación entre el poder político y el poder económico, y de una abierta intromisión de uno en otro para construir centrales hidroeléctricas en el territorio pehuenche".
Complementando todo aquello, explica Correa, "así como en el último año de la dictadura se privatizó Endesa, en el último día de gobierno de Eduardo Frei, el 10 de marzo del 2000, se despacha el decreto que otorga la concesión eléctrica para la construcción de la central Ralco –aún existiendo recursos judiciales pendientes–, último permiso administrativo para seguir adelante con la obra".
Pese a la aprobación de Ralco, las hermanas Quintremán continuaron buscando fórmulas para evitar su instalación. La vía judicial fue importante, tanto a nivel nacional como internacional. Fue así como en diciembre de 2002 presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a Mercedes Huenteao, Rosario Huenteao y Aurelia Marihuan, por graves violaciones del Estado de Chile a la Convención Americana de Derechos Humanos, cometidos a raíz desarrollo del proyecto Ralco. Lo que terminó en un acuerdo amistoso con el Estado de Chile en octubre de 2003.
Pero cuando se firmó este acuerdo Nicolasa ya no era parte del grupo. Un tiempo antes, negoció directamente con Endesa.
El abogado Álex Quevedo recuerda que "doña Nicolasa no estaba. En el acuerdo final no aparece porque se bajó. Al final tiene un drama con su hijo y la pareja de su hijo que la obligaron a negociar con Endesa".
Para Martín Correa, "Nicolasa Quintremán era una mujer de campo, una mujer mapuche, y se convirtió en líder sin haber sido jamás dirigente, y lo hizo por defender su tierra y la de sus hermanos. Ella se hizo líder a fuerza de circunstancias, resistiendo a los embates de Endesa y a las presiones de los gobiernos de Frei y Lagos. Ella y seis mujeres defendieron la dignidad de un pueblo entero, el pueblo pehuenche, y si en un momento ella, su hermana Berta, y las cinco mujeres que resistían se quebraron, fue fruto de la tremenda presión que sobre ellas se hizo, de Endesa, día a día, del gobierno y sus agencias, del propio presidente Lagos, que se trasladó en helicóptero a su ruca a decirle que se tendría que ir sí o sí. A Nicolasa los funcionarios de Endesa y aquellos pehuenches que la empresa cooptó le tiraban sus camionetas, la amenazaban, en las noches le tiraban piedras a su casa… Nicolasa resistió cuanto más pudo".
Uno de los abogados que llevó el caso, Roberto Celedón, explica que el acuerdo alcanzado, que contemplaba seis ejes principales, "permitió levantar el último obstáculo para poner en ejecución y en marcha a Ralco".
Y agrega que la negociación con Ralco "es un caso emblemático internacionalmente, estudiado en las universidades porque dicen que es la más exitosa que ha tenido un grupo indígena con ningún Estado".
Todo, "atendiendo que la voluntad de ellos era no ser relocalizados, porque eso significó la extinción de dos comunidades, pero en el contexto en que sólo quedaban pocas familias resistiéndose fue un buen acuerdo".
Para Quevedo "como acuerdo es extraordinario, porque es un verdadero tratado que logran cuatro personas. Desde el punto de vista económico, las otras familias recibieron en conjunto menos que las cuatro en cuanto a bienes. Pero además se logró que el Estado se comprometiera ante la CIDH. Sin embargo, hasta hoy ha sido muy negligente en el cumplimiento de estos compromisos".
LA DEUDA
Según explica Roberto Celedón, los avances del acuerdo "han sido extraordinariamente lentos y, hasta la fecha, a pesar que ya van a ser 10 años, aún no se cumple íntegramente todo y en el último tiempo no ha habido contraparte a nivel gubernamental".
Y es que si bien hay varios puntos que sí se han concretado, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT o la creación de una comuna en el sector Alto Biobío, hay varios compromisos que están lejos de cumplirse.
Así lo refleja un informe enviado en octubre de 2012 al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Canton, por las cuatro demandantes y el abogado, lo que contrasta bastante con la información que el Estado chileno entregó al organismo internacional y que se recoge en el informe Anual de la CIDH relativo a ese año.
Un problema que persiste se relaciona con la calidad de las tierras entregadas en permuta por Endesa. El caso más grave afecta a Berta Quintremán, quien no puede usar su terreno porque no tiene agua.
Entre los compromisos adquiridos por el Estado aún pendientes se encuentra el reconocimiento institucional de los pueblos indígenas. Esto, según informaban al CIDH las pehuenches, pese a que se enviaron proyectos de ley al Congreso durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, pero no prosperaron. En el último caso "por la negativa de parlamentarios de la actual coalición de Gobierno al empleo de la voz pueblos indígenas".
Al respecto, en enero de 2012 el gobierno informaba a la CIDH que estaba "comprometido con las organizaciones indígenas del país para avanzar en su reconocimiento constitucional", para lo cual se requiere realizar un proceso de consulta.
Un punto muy sensible que no tuvo eco, fue el relativo al compromiso de impulsar mecanismos que aseguraran la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Biobío.
"Como ha sido denunciado, existe un gravísimo incumplimiento de este punto, toda vez que el Estado de Chile, ha aprobado un megaproyecto de central hidroeléctrica en el sector del Alto Biobío, denominado Central Angostura", informaban Quintremán y Marihuan y las dos hermanas Huenteao.
Efectivamente, en noviembre de 2009, la entonces Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la VIII Región, dio luz verde al proyecto de Colbún, de la familia Matte.
Paradójicamente, el informe del gobierno señala que este compromiso "ha sido cumplido".
En cuanto a fortalecer la participación indígena en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) del Alto Bío Bío, las pehuenches relataban en 2012 que "a pesar de diversas iniciativas que vienen desde enero de 2009 y participación de dirigentes indígenas en una mesa de diálogo convocada por el Gobierno, hasta la fecha no se ha constituido el directorio del Área de Desarrollo Indígena, por lo que estimamos que el Estado de Chile no ha cumplido este compromiso".
Según el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, "esa área de desarrollo indígena –declarada en 1997– no funciona, no existe un proceso colectivo que permita fortalecer el desarrollo indígena. De hecho, según cifras de la Casen 2009, Alto Bío Bío era la comuna más pobre de Chile, con 45% de la gente bajo la línea de pobreza".
Además, explica que "lo que hay es una agricultura familiar empobrecida", lo que no mejoró con la llegada de Endesa, "que contrata a 20 personas. Una de sus promesas era generar empleo y no hay ningún pehuenche. No genera empleos en la zona, los que genera son mínimos y no son para ellos".
La versión estatal es que "para el año 2013 se encuentra programada la reactivación del Área de Desarrollo Indígena de Alto Bío Bío".
En cuanto a acordar los mecanismos que permitieran solucionar los problemas de tierras que afectan a comunidades indígenas del sector del Alto Bío Bío, el Estado señaló ante el CIDH que se habían comprado tierras a casi la totalidad de las comunidades Pehuenche de la comuna, y que durante 2011 la Conadi licitó el estudio de preinversión para la adquisición de tierras en el sector Cajón de Queuco.
Aylwin detalla que se han comprado cuatro predios, "la mayoría en el valle del Queco y uno en el valle del Biobío. La información que uno conoce es que igual sigue habiendo en el área un porcentaje significativo, de 30% o 40%, de las tierras que siguen en manos de particulares y sigue existiendo conflicto, habiendo reclamaciones de parte de los pehuenches. Diez años después del acuerdo".
En cuanto a las medidas tendientes al desarrollo y preservación ambiental del Alto Bío Bío, que incluyen mecanismos para asegurar que las comunidades sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, fortalecer el desarrollo económico del sector e impulsar fórmulas que faciliten y mejoren el aprovechamiento turístico de los embalses, las demandantes son tajantes en su evaluación, ya que señalan que "han sido incumplidas en términos absolutos, y no existe hasta hoy un mecanismo que nos permita conocer cómo y qué se fiscaliza respecto del cumplimiento ambiental del proyecto Central Ralco".
Agregando que "esto es de especial gravedad ya que, como ha sido divulgado en los principales medios de prensa nacional e internacional, la situación de los desplazados por la construcción de la Central Ralco, es deplorable y constituye un impacto que no fue debidamente evaluado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, existiendo por parte del Estado de Chile la obligación de imponer a Endesa la obligación de atender y subsanar todo daño y perjuicio ocasionado a raíz del proyecto. En el mismo orden de ideas debemos señalar a usted que la operación de los embalses ha generado graves riesgos a la vida de los usuarios ubicados agua abajo de las presas, entre los cuales nos encontramos".
Además, recalcan que "la operación del embalse Ralco no ha cumplido con su obligación de atenuar las crecidas generadas por el río Bío Bío, condición ambiental bajo la cual fue aprobado el proyecto. Con profundo disgusto hemos podido comprobar que, contrariamente a lo acordado (…) la operación de las centrales ha generado la destrucción de nuestra identidad cultural y ha coartado el desarrollo turístico de la zona, causando extrema pobreza en términos tales que ha convertido a la comuna de Alto Bío Bío en la más pobre de Chile. Es inaceptable que ante la generación de tanta riqueza exista tanta pobreza".
El informe del Estado aseguraba a la CIDH que "el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), durante el año 2012 había avanzado en el proceso de seguimiento de las obligaciones ambientales del proyecto", y solicitaba el pronunciamiento de diversos organismos sobre varios informes, como la auditoría ambiental independiente realizada en 2010. En este contexto, se "continúa trabajando en la reunión de los antecedentes y por ello no dispone aún de resultados finales que se puedan informar a los municipios y comunidades interesadas".
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Según el co-director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, "esa área de desarrollo indígena –declarada en 1997- no funciona, no existe un proceso colectivo que permita fortalecer el desarrollo indígena. De hecho, según cifras de la Casen 2009, Alto Bío Bío era la comuna más pobre de Chile, con 45% de la gente bajo la línea de pobreza".
En cuanto a las medidas para satisfacer demandas particulares de las familias afectadas, hay varios puntos pendientes.
Según explica Roberto Celedón, "lo importante es que el Estado era el garante del acuerdo" y se comprometió velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas por Endesa para atender las demandas particulares de las peticionarias.
Un problema que persiste se relaciona con la calidad de las tierras entregadas en permuta por Endesa. El informe de las mujeres pehuenches señala que "tampoco el Estado ha cumplido el rol de garante al cual se obligó". Principalmente porque "las tierras tienen graves problemas con la disposición del agua". Esto, tanto en el sector Santa Inés, donde se ubican las tierras de Berta Quintremán, como en La Suerte, donde están las otras mujeres y sus familias.
"El caso más grave afecta a la señora Berta Quintremán, quien se encuentra impedida, hasta el día de hoy, del uso del terreno, por el hecho de no tener agua que es un elemento esencial para la subsistencia y poder desarrollar actividades agrícolas en el predio entregado en compensación en Santa Inés", detalla el informe.
La hermana de Nicolasa "ha estado varios años tratando de encontrar una solución a la carencia de agua en su predio. Ha informado al gobierno y sostenido múltiples reuniones sobre el tema con sus funcionarios. Hay incluso informes oficiales de gobierno, de la Comisión Nacional de Riego, que verifican las quejas de la señora Berta, pero, hasta el día de hoy, no se ha encontrado ni implementado una solución. La Sra. Quintremán alega además que debe compensársele por las pérdidas que ha significado no haber podido ejercer labores agrícolas en su nuevo campo".
Para Celedón este es uno de los puntos más graves. "Todo ha sido muy difícil. Con este Gobierno nunca fue posible reunirse con el ministro de Desarrollo Social. Lavín, Bruno Baranda, Felipe Kast, ninguno de los tres las recibió nunca, sólo fue a nivel de encargado de asuntos indígenas".
Por otra parte, hay un compromiso por parte de Endesa de la disponibilidad de 1.500 Unidades de Fomento para asistencia productiva. "Parte de estos recursos fueron entregados a algunos propietarios de La Suerte, pero de manera inadecuada y en momentos inapropiados, por lo que se ha pedido que se entreguen en forma directa los recursos. Sin embargo, Endesa mañosamente trató de entregar estos recursos en forma notarial siempre y cuando los beneficiarios renunciaran a cualquier otra demanda, lo que es inaceptable", detallan las mujeres a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La conclusión de las pehuenches es tajante: "Los incumplimientos son múltiples, reiterados y a pesar de haber plena consciencia de la efectividad de los mismos el Estado de Chile persiste en una actitud a lo menos negligente".
VIVIR EN EL BARCO
De las 93 familias afectadas por la llegada de Ralco, que inundó 90 de sus predios equivalentes a más de 630 hectáreas –incluido el cementerio Quepuca, que sin autorización dejó bajo el agua a sus muertos–, 70 fueron relocalizadas. Varias llegaron al fundo El Barco, ubicado en los confines de la cordillera de la VIII Región.
El Barco, según explica el historiador Martín Correa, es un territorio de "veranada, al cual las familias pehuenches suben entre los meses de octubre y marzo a la recolección de piñones, buscando el sustento para el resto del año. Al momento de desalojar a las familias pehuenches de los lugares donde se hizo la represa, se envió a 38 familias hacia allá, en circunstancias que ese mismo año don José Rodríguez Marihuan bajó con su familia porque no cabían las 5 familias que allí vivían. En el fundo El Barco caen 2 metros de nieve en el largo invierno cordillerano, se mueren los animales, no hay agua, las familias mapuche no tienen cómo sobrevivir, no hay leña. Todo eso lo sabía Endesa y lo sabía el gobierno, y aun así enviaron a las familias pehuenches hacia allá, condenándolas a la pobreza".
Situación que quedó reflejada en un reportaje publicado en 2011 por la "Revista Sábado" de El Mercurio, titulado "Los Pehuenches después de Ralco".
Correa destaca el rol de la Fundación Pehuén de Endesa, "que de acuerdo a lo que se convino, apoyaría con alimentos y materiales a las familias pehuenches por 10 años. Hoy día nadie se hace responsable por ellos, y de aquello también existía conocimiento. En ese momento lo importante, para Endesa y para el gobierno, era sacar a las familias pehenches del cajón del río Bío Bío, y construir a como diera lugar la Central Ralco".
Según el historiador, Pehuén fue "creada para invisibilizar la voz disidente pehuenche a la construcción de Centrales Hidroeléctricas en el Alto Bío Bío, entregando migajas a través de pequeños proyectos y trabajos temporales, legitimando la labor de Endesa y del Estado chileno a través de los discursos del historiador Sergio Villalobos, quien niega la presencia mapuche en el área, y escondiendo la real situación de las familias pehuenches, en beneficio de un supuesto desarrollo. Recuerdo la imagen de un Lonko trabajando de banderero, en los caminos que conducían a la entonces Central Ralco en construcción. Eso es el desarrollo y modernidad que defendían la fundación Pehuén, Endesa, y que legitimaba Villalobos".
En su opinión, "lo que es de la mayor gravedad es que todo lo que está pasando en el Alto Bío Bío se dijo ya hace muchos años. Que significaba la muerte del pueblo pehuenche, que era imposible sobrevivir en el fundo El Barco, que terminadas las faenas los pehuenches que fueron contratados para construir caminos y obra gruesa quedarían sin tierras y sin trabajo. La muerte de Nicolasa Quintremán en el lago artificial que se construyó es la imagen más clara de los resultados para el pueblo pehuenche de la construcción de Ralco. Nicolasa siempre dijo que hacer Ralco era matar al río, y con ello a su gente".
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