VICTORIA.- El fiscal especial para casos de violencia mapuche, Miguel Ángel Velásquez, reveló la existencia de un plan para quemar uno o dos camiones que trasladaban estanques con 30 mil litros de bencina, petróleo o gas propano desde Neuquén (Argentina) a la Araucanía por la ruta Internacional CH-181 (Pino Hachado-Victoria).
Velásquez planteó ayer este antecedente en la audiencia en que formalizó a los cinco mapuches detenidos la semana pasada por una seguidilla de hechos de violencia, en la que invocó la Ley Antiterrorista para imputarlos por asociación ilícita y homicidio frustrado.
Entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, el grupo asaltó una plaza de peaje, quemó un camión, disparó a cuatro vehículos e intentó robar a sus pasajeros cerca de Victoria.
"Según antecedentes reunidos, el objetivo de este grupo armado era, principalmente, detener y quemar camiones que transitan habitualmente por dicha carretera internacional. En particular, camiones con combustible importado desde Argentina", sostuvo Velásquez.
A la una de la madrugada de hoy, en tanto, un grupo de seis a siete encapuchados atacó a dos camiones forestales que se desplazaban por la ruta Angol-Collipulli. Los violentistas incendiaron los camiones -tal como había ocurrido con otra máquina de carga en el mismo lugar el 5 de septiembre- en lo que se interpretó como una represalia por la formalización de los cinco mapuches. Cuando los carabineros llegaron al lugar, fueron recibidos a balazos.
Conductas terroristas
Al formular cargos por conductas terroristas contra los cinco imputados, el fiscal Velásquez señaló que el plan, la participación de los sospechosos, las armas empleadas, el vehículo usado para su traslado y otros pormenores fueron revelados por un testigo protegido, denominado "R1903M", de quien se infiere tuvo acceso a su planificación.
Dicho testigo identificó como líder del grupo de encapuchados armados -alrededor de quince- al imputado José Queipul Huaiquil. Lo sindicó como quien entregó las armas, entre ellas un fusil M-16, escopetas convencionales y hechizas, además de otros elementos, como acelerantes, con la idea original de atacar a los camiones estanque.
Según lo expuesto al tribunal, el grupo llegó al lugar en el furgón del también imputado José Millanao Millape, en cuyo interior trasladaban las armas, bidones con bencina y una motosierra para cortar árboles y bloquear el camino internacional, a cuatro kilómetros de Victoria.
Tal acción se desarrolló a partir de las 22:30 horas del sábado 10. El conductor del primer camión, sin embargo, no se detuvo ante la barricada, por lo que fue atacado con disparos. El mismo conductor telefoneó al celular de su colega de un segundo camión, que lo seguía a mediana distancia, para advertirle del peligro. Por ello, este último decidió regresar a Curacautín.
"De acuerdo a la declaración del testigo, estaba todo establecido (hora, ruta y cantidad de camiones estanque que transitan por ese camino"), explicó Velásquez, quien decretó el secreto de la investigación por 40 días.
En la ruta internacional transitan de noche entre 13 y 16 camiones estanque que trasladan combustible desde la zona de Neuquén a Temuco.
Tras el fallido ataque, el grupo armado disparó contra dos vehículos particulares y luego se trasladó hasta la Ruta 5 Sur para asaltar el peaje, quemar un camión y disparar contra un furgón de Carabineros.
Respecto de la formalización de cargos, el fiscal imputó al líder del grupo, José Queipul Huaiquil, y a Felipe Huenchullán Cayul, Víctor Hugo Queipul, José Queipul Maillanao y Camilo Tori Quiñañao, también como autores de los delitos comunes de incendio de bien mueble (camión) y robo con intimidación en el caso de la plaza de peaje. Los cinco quedaron incomunicados por siete días, tres de ellos en la cárcel de Angol y dos en Temuco.
70 días de plazo tiene el fiscal Velásquez para cerrar la investigación contra los imputados.
Sistema de ataque se ha repetido en otros 16 atentados VICTORIA En la audiencia de ayer, el fiscal Miguel Ángel Velásquez detalló 16 atentados armados e incendiarios de similares características al realizado por el grupo de cinco mapuches imputados. Estos se han registrado desde el año 2007 a la fecha, en las comunas de Collipulli, Ercilla, Victoria, Lautaro, Temuco y Padre Las Casas. Dichos ataques han afectado especialmente a conductores de camiones de carga, a dueños y trabajadores de predios agrícolas y forestales o personas naturales que usan las vías y carreteras.
Lo anterior, dijo el prosecutor, para contextualizar que en la IX Región existe "el temor de verse expuestos a ser atacados por sujetos armados, que debidamente organizados, principalmente de noche, en lugares escogidos previamente, planifican y ejecutan coordinada y con asignación de funciones y tareas, acciones que atentan contra la vida, la integridad, el patrimonio y la seguridad pública y privada".
La descripción de los 16 ataques mencionados, dijo Velásquez, vincula a los imputados en ese tipo de acciones que "han tenido por finalidad producir en una parte de la población el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie", dada la naturaleza y efectos de los medios empleados, tal como lo exige la Ley Antiterrorista para ser invocada.
En el marco de esos 16 ataques expuestos detalladamente ante el tribunal para argumentar la invocación de la ley que sanciona las conductas terroristas, el fiscal recordó el incendio intencional de dos camiones en el sector de Chamichaco, la madrugada del 5 de enero del año pasado. Uno de ellos transportaba 30 mil litros de petróleo, pero el fuego sólo alcanzó a destruir su cabina.
La postura del gobernador de Neuquén, ArgentinaEl gobernador de la provincia argentina de Neuquén, Jorge Sapag, tiene problemas muy parecidos a la Región de la Araucanía. Aunque respondió a través de su encargado de comunicaciones que "no acostumbra a dar entrevistas a la prensa", envió por escrito su postura respecto del tema mapuche, donde hace algunos alcances legales y procedimentales de la situación en esa provincia.
"Es necesario rechazar las posturas de fuerza y de violencia y fortalecer los procesos de integración social; garantizar el respeto de la propiedad privada; generar nuevas oportunidades de desarrollo y que todo conflicto se resuelva por la vía administrativa o judicial correspondiente y no por la fuerza", señala la autoridad trasandina. Y enumera los hechos violentos que han afectado a las localidades de Quillén, Colipilli, Villa Pehuenia y Villa La Angostura, entra otras.
Esa provincia es limítrofe con la Región de la Araucanía. Y, según el gobernador Sapag, el lado argentino también debe afrontar tomas de predios, enfrentamientos con la policía y la actitud de comunidades mapuches que han asaltado la propiedad privada y resistido por la fuerza los desalojos decretados por los tribunales. Sin embargo, sus opositores acusan al gobernador de ejercer una excesiva represión contra las etnias por pertenecer a una acaudalada familia de terratenientes de la zona. Precisamente, el líder de los agricultores es su hermano -y ex gobernador- Carlos Sapag.
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