Apenas el ministro de la Corte Suprema Nibaldo Segura terminó de leer la resolución, Natividad Llanquileo se levantó de su asiento. En medio de los cánticos de una decena de mapuches llamó por teléfono a Pamela Pessoa, esposa de Héctor Llaitul. A ella le explicó que los ministros de la Segunda Sala no anularon el juicio y habían confirmado los delitos por los que se había condenado a cuatro mapuches miembros de la Coordinadora Arauco Malleco. Eso sí, se habían rebajado las penas por el ataque al fiscal y su comitiva policial.
En un fallo unánime, la Corte confirmó que los cuatro indígenas condenados por el tribunal oral de Cañete cometieron el delito de robo con intimidación contra el agricultor José Santos Jorquera en octubre de 2008 en Tirúa, VIII Región. Además, se ratificó que los mapuches atacaron una comitiva policial horas más tarde, delito por el cual también habían sido condenados.
El fallo que acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los cuatro anuló parcialmente una de las sentencias: la relativa al homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta y las lesiones graves de tres funcionarios de la PDI. El texto de 80 páginas afirma que "no hay atisbo" sobre que "los agresores conocieran efectivamente la presencia del fiscal y de los policías de Investigaciones en la caravana y que disparasen contra la fila con el ánimo de matar al primero y de lesionar a los detectives". Eso sí, reconoce el ataque que se habría realizado contra Carabineros.
Por ello, los magistrados dictaron una nueva sentencia en que se cambió el delito de "homicidio frustrado" por el de "lesiones menos graves". A su vez, reemplazaron "en contra del representante del ente persecutor" por "en contra de Carabineros".
A raíz de esta nueva resolución las penas para los mapuches por el atentado fueron rebajadas: Héctor Llaitul pasó de tener una pena de 15 años y un día de prisión por el intento de homicidio y lesiones graves, a 4 años de cárcel. En tanto, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical deberán cumplir una pena de 3 años y un día de cárcel por los mismos delitos y no la de 15 años que fue la que se anuló.
Como a esto se suman las penas por el robo con intimidación, de 10 años para Llaitul y 5 para el resto, en total los condenados deberán cumplir 14 y 8 años de prisión, respectivamente.
El argumento
El fallo de la Suprema argumenta que "no parece lógico" establecer que los mapuches hayan actuado diferenciando a sus víctimas, pues el atentado se produjo de noche y contra una hilera de varios vehículos. Por ello agrega que, aunque los hechos son efectivos, se objeta que los condenados "pudieran discernir a cuál de los ocupantes matar y sólo herir a los restantes".
El abogado y profesor de derecho penal de la Universidad Diego Portales Héctor Hernández explicó que con el fallo la Suprema está señalando que el juicio no tuvo vicios, como había criticado la defensa de los condenados. Esto, pues sólo se anuló una sentencia y no el procedimiento en su conjunto.
Mapuches mantienen ayuno y se negarán a ser alimentados a la fuerza
"¡Estamos mal!, ¡estamos mal!, ¡estamos mal!", repetía una y otra vez al teléfono, desde el hospital de Victoria, la esposa de Héctor Llaitul, Pamela Pessoa, a la vocera de los mapuches en huelga de hambre, Natividad Llanquileo, quien desde Santiago la llamó apenas el ministro Nibaldo Segura terminó de leer el fallo de la Corte Suprema.
Reunidos en una de las dos habitaciones en donde están internados, los cuatro mapuches en huelga de hambre y algunos familiares escucharon la lectura del veredicto pegados a una radio gris, que tenían sobre una cama. Los ocho gendarmes que los custodian también siguieron atentos la trasmisión, interrumpida de tanto en tanto por la cuenta de los propios mapuches, que en voz alta calculaban cuántos años deberán pasar en prisión.
Al conocer el fallo conversaron con sus familiares y luego dieron también su propia "resolución": seguirán en ayuno "hasta las últimas consecuencias", recalcaron a sus cercanos.
Tras una hora de conversaciones y de apuntar en una hoja los planteamientos de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, fue la misma Pamela Pessoa, quien leyó la declaración de los huelguistas ante la prensa.
"Aquí, la Corte Suprema realizó una especie de negociado que no se ajusta a derecho", dijo. Y enfatizó: "Rechazamos el fallo, puesto que el máximo tribunal del país ha validado la ley Antiterrorista y la utilización de testigos secretos".
Y antes de terminar de leer el papel y marcharse sin aceptar preguntas, agregó que recurrirán a tribunales internacionales.
Después de que se conoció la decisión de los mapuches, el director del hospital, Joaquín Sanzana, interpuso un recurso de protección para forzarlos mapuches a alimentarse. Esto, pues explicó que si bajan del 16% de índice de masa corporal que hoy tienen, entrarán en riesgo vital. Pero Millaray Garrido, pareja de José Huenuche, afirmó que los ayunantes no aceptarán la medida.
A la desazón de los huelguistas se sumaron los arzobispos de Santiago, Ricardo Ezzati, y de Concepción, Fernando Chomali. Esto, pues esperaban que se anulara el juicio y así se destrabara la huelga, pues ambos han afirmado que el tema es humanitario y no sólo judicial.
"Habría preferido en lo personal que se hubiese anulado el juicio", comentó Chomali, mientras Ezzati se reunió anoche con las madres de Llaitul y Huenuche, además de Natividad Llanquileo, para evaluar los distintos escenarios tras el fallo.
"Es una señal el hecho de que la Corte Suprema haya querido disminuir de esta manera significativa la condena. Es un gesto que vale la pena destacar", dijo Ezzati.
Gobierno, atento
En La Moneda también había inquietud. De inmediato se comenzó a monitorear las reacciones en las familias de los mapuches en huelga y se empezó a estudiar el significado de la resolución a través de los abogados del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El ministro Cristián Larroulet y su subsecretario, Claudio Alvarado, se han divido el trabajo de mantener contacto con los involucrados. Alvarado confirmó que mantienen "conversaciones con monseñor Ezzati en el entendido que el Gobierno siempre ha estado abierto al diálogo".
Texto: El Mercurio / Foto: Héctor Flores.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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