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La actividad agropecuaria es la actividad productiva más antigua de la humanidad; este simple hecho implica que es el sector que ha experimentado el mayor número de políticas públicas.

jueves, septiembre 17, 2009

la agrobiodiversidad

EN QUE CONSISTE LA AGROBIODIVERSIDAD [1]

 

-          Unas nociones introductorias

     

  Desde los inicios de la agricultura, hace casi 12.000 años, unas 7.000 especies de plantas han sido cultivadas y recolectadas para la alimentación humana. Esta gran diversidad empezó a disminuir como resultado del rápido incremento de la población mundial y de los cambios en las pautas de consumo, pasándose de una agricultura tradicional a los modernos sistemas intensivos. Estos cambios han supuesto que apenas quince plantas y siete animales sean responsables del 90% de los alimentos que se consumen en la actualidad, estrechándose y volviéndose más vulnerable la eco- base alimentaria de la humanidad.

 

Casi un tercio de la superficie terrestre se utiliza para la producción agrícola. Mientras que en algunos casos los espacios agrícolas y de uso ganadero tienen un gran valor para la conservación de la diversidad biológica, el desarrollo de determinadas prácticas agrícolas industriales ha tenido efectos negativos sobre los recursos hídricos, la biodiversidad, la calidad del suelo, etc

 

  De entre los centros de origen de las principales variedades agrícolas y razas ganaderas que existen en el mundo, la zona andina tropical es el más importante. Se estima que un 35% de la producción mundial de alimentos proviene o se origina de los recursos genéticos andinoamazónicos. Un porcentaje ligeramente menor pero también muy significativo tendría su origen en la zona de Asia centrooccidental.

La agricultura tradicional tiene pues un doble valor desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad ya que garantiza la conservación de una notable diversidad de variedades agrícolas y razas ganaderas y es compatible con la conservación de las especies de la fauna y de la flora silvestre. Otro factor singular lo constituye el hecho de que esta biodiversidad sea manejada por los campesinos, por lo que muchos de los componentes de la agrobiodiversidad dependen de las influencias antrópicas, del conocimiento y de la cultura de las comunidades autóctonas.

 

En los países en los que la actividad agrícola se ha ido intensificando y industrializando, aun continúan manteniéndose determinados tipos de cultivo que favorecen la biodiversidad. En el conjunto de los países de la Unión Europea entre el 15 y el 25% de la superficie agrícola se considera de alto valor natural, de modo que también en estos países la conservación de la biodiversidad también pasa por el mantenimiento de determinadas practicas agrícolas.

 

El Convenio relativo a la diversidad biológica promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos de valor, actual o potencial, agrícola y ganadero y para la alimentación. Buena parte de este trabajo se realiza desde la FAO, especialmente en los países en desarrollo.

 



[1]  Josep Germain i Otzet Consultor ambiental

 

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Plena vigencia del Convenio 169 en Chile

Plena vigencia del Convenio 169 en Chile

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Por José Aylwin*

Tras diecisiete años de tramitación legislativa, y un año después del depósito de su ratificación, ha entrado en plena vigencia en el país el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT.  Ello convierte a Chile en el vigésimo Estado que lo ratifica en el mundo y el decimotercero en América Latina.

El Convenio viene a establecer un nuevo escenario jurídico y político para las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas.  Ello en razón de que se reconoce a estos pueblos no solo su carácter de tales, sino que además un conjunto de derechos colectivos hasta ahora no considerados en el ordenamiento jurídico chileno.

Entre estos derechos destacan aquellos de carácter político, que incluyen la participación de estos pueblos, en la misma medida que otros sectores de la población, en instituciones electivas y en organismos administrativos responsables de políticas y programas que les conciernen (Art. 6.1 b); y el derecho a ser consultados, mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, ello cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle (Art. 6.1 y 2).  También se incluyen derechos de autogestión y autonomía, entre éstos el derecho de decidir sus propias prioridades en materia de desarrollo (Art. 7.1); a conservar sus costumbres e instituciones propias (Art. 8.2), y a asumir el control en áreas tales como la salud, la educación y la  formación profesional. (Arts. 22, 23, 25 y 27).

Otro ámbito del reconocimiento es el relativo a las tierras y al territorio de los pueblos indígenas, entendiendo por territorio la totalidad de los elementos del hábitat de las regiones que estos pueblos ocupan o utilizan de alguna otra manera (Art.13.2).  Al respecto, el Convenio dispone que los pueblos indígenas tienen derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que "tradicionalmente ocupan" (Art.14.1) y que los gobiernos deberán tomar medidas para determinar dichas tierras y garantizar su protección (Art.14.2); así como establecer "procedimientos adecuados" para solucionar las reivindicaciones de tierras (Art. 14.3).  Dicho reconocimiento también incluye los derechos que estos pueblos tienen sobre los recursos naturales, los que comprenden participar en su utilización, administración y conservación (Art. 15.1).  En el caso de los minerales o de los recursos del subsuelo existentes en sus tierras y territorios, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados antes de autorizar su prospección o explotación.  Dispone además que los pueblos indígenas deberán participar en los beneficios de tales actividades, y percibir indemnización equitativa por el daño que puedan sufrir como consecuencia de ella (Art. 15.2).

Como todo tratado internacional, al ser ratificado, el Convenio 169 genera obligaciones tanto ante el órgano del que emana, la OIT, como internas al Estado.  En virtud de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados (1969), ratificada por Chile, este Convenio deberá ser cumplido de buena fe por el Estado (artículo 26), no pudiendo invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para su incumplimiento (artículo 27).

El Estado de Chile se obliga además ante la OIT a enviar su primera memoria sobre la aplicación del Convenio el 15 de Septiembre de 2010.  Ello supone que para entonces deberá adecuarse la legislación interna a las disposiciones del mismo. Luego de ello deberá informar de los avances en su implementación cada cinco años, a través de memorias que serán analizadas por las instancias pertinentes de la OIT.  Las partes de la OIT, esto es trabajadores, empleadores y Estados, pueden además presentar reclamaciones y/o quejas ante esta entidad para alegar el incumplimiento de sus disposiciones.

Como tratado internacional de derechos humanos, el Convenio 169 se integra al ordenamiento jurídico interno.  Cabe recordar que, de acuerdo al artículo 5 inciso 2do de la Constitución Política, es deber de los órganos del Estado respetar y promover los Derechos Humanos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.  Por lo mismo, cabe sostener, como lo ha hecho mayoritariamente la jurisprudencia, la doctrina y el propio gobierno en su informe enviado este año al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que los derechos establecidos en este instrumento en favor de los pueblos indígenas se integran al ordenamiento jurídico con rango constitucional.  Ello a pesar de que el Tribunal Constitucional, si bien reconoce la constitucionalidad de sus disposiciones, estableció que varias de ellas, como las referidas a la participación en los planes y programas susceptibles de afectar a estos pueblos, y a los derechos sobre los recursos naturales que se encuentren en sus tierras y territorios, son programáticas y no autoejecutables, y requieren de reforma legal para su plena efectividad.

Igualmente, el Convenio deberá orientar la política pública en relación a los pueblos indígenas.  Al respecto cabe señalar que si bien la Presidenta Bachelet  dictó en junio de 2008 un instructivo presidencial relativo a la aplicación de sus disposiciones en materia de derecho a la consulta por los órganos del Estado, muchas de las políticas públicas que siguieron siendo impulsadas por éstos en relación a los pueblos indígenas, en particular aquellas relativas a proyectos de inversión en sus tierras y territorios, no contaron con procedimientos adecuados para estos efectos, ni se orientaron al logro de acuerdos como lo estipula el Convenio 169.  Cabe constatar con preocupación, además, que el reglamento provisorio de consulta de actos administrativos anunciado por el Ministro Viera Gallo, no solo tiene falencias en cuanto a su ámbito de aplicación -al dejar fuera iniciativas de privados que afectan a los pueblos indígenas-, sino que el mismo debió haber sido sometido previamente al proceso de la consulta para ser coherente con el Convenio.

En materia legislativa, y aún cuando el Convenio tenga rango constitucional como lo reconoce el propio gobierno, sería deseable que el Congreso introduzca a la brevedad reformas a la legislación incompatible con sus disposiciones, en particular aquella referida a los derechos sobre recursos naturales como el agua, los recursos minerales y los recursos geotérmicos, entre otros, recursos que en un contexto de globalización económica, han sido apropiados por corporaciones, afectando las culturas y el desarrollo de los pueblos indígenas.  También sería de gran relevancia que la ley ambiental, cuya reforma está actualmente en discusión  por el Congreso, sea modificada para establecer procedimientos de participación y consulta efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Las posibilidades que el Convenio 169 abre para la convivencia interétnica en Chile son enormes.  La experiencia de su aplicación en otros países ha demostrado que éste, lejos de generar fragmentación y conflictividad, ha facilitado nuevas formas de convivencia y relación, basadas en el reconocimiento de estos pueblos y de sus derechos.  Así, en América Latina ha inspirado reformas constitucionales que no solo han posibilitado el reconocimiento de la multiculturalidad, interculturalidad y/o plurinacionalidad existente al interior de los Estados, sino también el ejercicio creciente por parte de estos pueblos de derechos de participación política, de control de su propio desarrollo, y de fortalecimiento de sus culturas hasta hace poco negadas.  Sus disposiciones han sido a su vez acogidas e interpretadas por las instancias de justicia, incluyendo tribunales o cortes constitucionales, defensorías del pueblo u ombudsman, frente a las reclamaciones de los pueblos indígenas, haciendo posible que estos pueblos tengan niveles crecientes de autonomía política y cultural, así como mejores condiciones de vida.  También a nivel americano, el Convenio ha orientado en los últimos años las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a pueblos indígenas.  Así, en sus fallos recaídos en casos que conciernen a estos pueblos, la Comisión y la Corte han interpretado las normas de los tratados de Derechos Humanos existentes en el ámbito Interamericano a la luz del Convenio 169 de la OIT.  Tal interpretación evolutiva ha permitido que a los pueblos indígenas en la región se les haya reconocido y garantizado entre otros derechos colectivos, el de propiedad ancestral de sus tierras y recursos naturales, el derecho a participación política, y el derecho al acceso a la justicia.

Esperamos que los órganos del Estado, y que la sociedad chilena en su conjunto,  asuman los desafíos que este Convenio plantea.  Ello contribuirá no solo a abordar y superar los conflictos que hoy proliferan en los territorios indígenas como consecuencia de la exclusión política y económica a la que siguen sometidos los pueblos indígenas en el país, sino también a hacer posible que el Chile del Bicentenario ponga fin para siempre a la ficción del "estado nación", y de  acogida a la diversidad y riqueza étnica y cultural que representan los pueblos indígenas.

*José Aylwin es Co Director, Observatorio Ciudadano, www.observatorio.cl

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URUGUAY, AGUS : Adriana Marquisio, impulsora de referéndum de 2004

"Durante la reforma del agua en Uruguay, el ejemplo de lo que no queríamos era Chile"

La sociedad uruguaya decidió democráticamente elevar el acceso al agua como un derecho humano en su Carta Magna. Otros países, como Bolivia, Ecuador y ahora Colombia han impulsado cambios en la misma línea. En Chile la discusión está instalada en la agenda. Desde el Gobierno se impulsa un proyecto para caducar los derechos de agua y desde el mundo ambientalista y parlamentario se llama a nacionalizar el preciado recurso natural.

Por Claudia Urquieta Ch. EL MOSTRADOR

Durante la campaña de 2004 para lograr agregar a la Constitución de Uruguay el acceso al agua como un derecho humano, el código de Aguas chileno fue erigido como el antítesis de lo que se quería para el país, ya que se presentaba como un esquema negativo para la defensa de los recursos naturales

La entrega en la constitución chilena de los derechos de agua a perpetuidad, en forma gratuita y dejando en libertad a los dueños para vender o traspasar estos derechos al precio que marque el mercado sorprendía a los uruguayos. Quienes, según  relata la integrante de la Comisión de Defensa del Agua de dicho país, Adriana Marquisio, "nos miraban con cara de asombro cuando les explicábamos cómo funcionaba".

El 31 de octubre de 2004 el plebiscito del Agua en la nación de Mario Benedetti, cerró la puerta a su privatización con un 67 por ciento de los votos.

Esta experiencia no puede repetirse en Chile, ya que la Carta Magna de 1980 no permite cambios a través de firmas ni plebiscitos. A pesar de ello, la presidenta de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado de Uruguay, que hace unas semanas participó en la capital en el Seminario Internacional "Conflictos Actuales y Derecho Humano al Agua en Chile",  señala que la sociedad chilena está hincando el diente al asunto, ya que "se han conjugado liderazgos y organizaciones claves en este momento, por lo que tengo muchas esperanzas de que el tema se empiece a discutir".

Justamente en estos días el ministerio de Obras Públicas (MOP), está impulsando una modificación constitucional para regular el uso y la explotación de los recursos hídricos, que será enviada al Congreso en octubre. Que entre otros puntos plantea caducar los derechos de agua que no se usen, así como el acceso sin restricciones a terrenos donde existan glaciares para que puedan ser monitoreados por el Estado.

 Ya en 2005 hubo una reforma el Código del Agua, pero en definitiva no impulsó cambios de fondo. Por ello, hay voces parlamentarias y ambientalistas que han instalado la discusión sobre la "nacionalización" del agua.

Yes, we can

En Latinoamérica ha habido varios procesos que han nacido de las bases ciudadanas en la línea de cambiar el marco legal que regula las aguas. Conocida es la guerra del agua de Bolivia, que logró expulsar a dos transnacionales que distribuían el agua en Cochabamaba y luego en El Alto. En Ecuador el cambio constitucional contiene conceptos bastante progresistas al respecto, ya que el agua se aborda como algo sagrado relacionado con el tema indígena

Un caso paradigmático es la entrega en marzo de dos millones de firmas en Colombia para elevar el agua como derecho humano.  En el país liderado por Álvaro Uribe, tampoco es posible realizar un referéndum al respecto, pero a raíz de la presión ciudadana se inició todo un debate político.

Para  Marquisio, este es un excelente referente para la sociedad chilena, que ella define como "muy fragmentada y con la percepción de que no se puede cambiar el orden establecido. Eso lo hemos visto bastante en nuestro trabajo en Chile".

Pero luego del encuentro de septiembre  en el que participaron diversos actores, entre ellos el obispo de Aysén, Luis Infanti-creador de la carta "Danos Hoy el Agua de Cada Día"-la uruguaya asegura que había "mucha energía para decir basta y unirse para lograr cambios: el sentimiento de que sí, se puede".

El rol de los candidatos

-¿Cuál fue el rol que jugaron los candidatos presidenciales durante la campaña para el plebiscito del Agua, que se realizó el mismo día de las elecciones?

- El tema se metió en la agenda electoral. Todos los candidatos tuvieron que definirse al respecto. Muy al final se definió todo el Frente Amplio-del gobernante electo, Tabaré Vásquez- a favor del plebiscito. En cambio, el partido Colorado,  que había llevado a cabo la privatización estuvo en contra.

Los temas ambientales no entraban en la agenda política y social. Y ahora es transversal a la vida de las personas. En ese aspecto, el Estado debe tener la puerta abierta y mantener un trabajo en conjunto con la comunidad.

-¿Cuáles fueron las principales trabas políticas que enfrentaron durante la campaña?

-Antes de aprobarse la reforma,  el partido de gobierno y la fuerza opositora decían que el plebiscito era prehistórico, que no habría más inversiones. El Banco Mundial y el Fondo  Monetario Internacional dijeron que era un peligro para el país. Hubo un intento de boicot permanente, pero finalmente ganamos.

-¿Este proceso de reforma ya terminó?

-No. Aún falta mucho. Ahora estamos en la etapa de elaborar la política nacional del agua. Se está abordando el impacto de cuencas, ordenamiento del territorio y los conflictos de uso. Por otro lado, estamos en un proceso de trabajo donde avanzamos con dificultades relacionado con la Papelera Botnia-instalada en Fray Bentos- que nos generó un conflicto transfronterizo. Hemos encontrado un punto de resistencia común, pero no hemos tenido posibilidad de discutirlo  a fondo, porque vino, se instaló y punto.

-¿Trabajan en coordinación con otros países en torno al agua?

Tenemos varias comisiones que son parte de una red continental de coordinación activa, Red Vida, de la que Chile es parte a través de Chile Sustentable. Estamos trabajando por un nuevo modelo público.

A partir de esta red de creó una red africana, una asiática y  una europea, que trabajan por la justicia del agua a nivel mundial. El movimiento se ha hecho presente en caso todos los foros mundiales del agua.

FuenteEL MOSTRADOR
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EE. UU. prohíbe uso de insecticida carbofurán

Medida regirá desde el 1.º de enero del 2010

EE. UU. prohíbe uso de insecticida carbofurán en vegetales y frutas

  •  Producto se usa aquí para café, piña, melón, banano, papa y plátano, entre otros

  •  Uso de químico debe eliminarse de inmediato, advierte Servicio Fitosanitario

Hassel Fallas | hasselfallas@nacion.com
 
  • Los sembradíos de papa del país deberán estar libres de carbofurán en enero del próximo año. archivo

Nacion.com

http://www.nacion.com
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Estados Unidos no permitirá que a partir del 1.º de enero del 2010 ingresen a su territorio vegetales y frutas con residuos del insecticida y nematicida carbofurán.

La medida obliga a los productores nacionales que lo utilizan a suspender su aplicación inmediatamente, comentó ayer Carlos Padilla, ingeniero del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

Padilla aseguró que es urgente dejar de usar el agroquímico porque permanece en el suelo al menos por tres meses luego de su aplicación en las cosechas.

Hasta ahora, los estadounidenses habían tolerado cierta presencia del químico en el café, banano, piña, melón, papa, plátano, sandía, maní, tabaco, tomate, chile, repollo y lechuga que vende Costa Rica en ese país.

Sin embargo, la Agencia Estadounidense para la Protección del Ambiente (EPA) informó esta semana de que ya no admitirá el más mínimo residuo de carbofurán por el riesgo que implica su empleo.

"Si a partir de enero aparece cualquier traza de carbofurán en las exportaciones de vegetales, nos rechazarán los productos y se pondría en peligro el mercado, pues Estados Unidos lo podría cerrar", comentó Padilla.

Muy usado. El carbofurán se emplea para combatir nematodos (gusanos) y otras plagas como las chinches, cochinillas, taladradores y barrenadores.

El agroquímico es de amplia utilización entre los productores locales, confirmó Padilla.

Un informe del SFE encontró que hasta la fecha se han importado más de medio millón de kilogramos de ese producto.

Esa cantidad implica que los productores de vegetales y frutas han invertido $1,5 millones en su adquisición.

El funcionario dijo que, pese al elevado monto en las compras de carbofurán, esperan que los agricultores "se abstengan" en adelante de fumigarlo en sus suelos.

Agregó que el SFE distribuirá información entre los productores de todo el país para prevenir las consecuencias de su uso.

Según el SFE, algunos de los nombres con los que se comercializa el carbofurán son: Furadán, Abound, Curater, Rimafurán y Transmerquim.

Padilla aseguró que, en lugar de utilizar ese químico, se puede fumigar las cosechas con otros tipos de insecticidas.

Recomendó a los productores consultar sobre las alternativas a las oficinas del SFE o del Ministerio de Agricultura de su región.

El funcionario advirtió de que el Servicio Fitosanitario del Estado verificará que los productos que pretenden ser enviados a Estados Unidos estén libres del plaguicida, pues, de lo contrario, no se otorgarán los certificados fitosanitarios de exportación requeridos.

 

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BIOCOMBUSTIBLES, PERU proponen creación de Autoridad Autónoma de Energía renovable

Comité de Biocombustibles de la SNI propuso creación de Autoridad Autónoma de Energía renovable


El Comité de Biocombustibles de la Sociedad Nacional de Industrias propuso la creación de una Autoridad Autónoma de Energías Renovables, tal y como se ha implementado en otros países, la misma que tendría a su cargo la promoción del uso de energías renovables limpias asumiendo el control y coordinación de las distintas instancias que hoy, de manera muy difusa e inorgánica intervienen como son el Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Mincetur, Ministerio de la Producción, Proinversión, Ministerio de Economía, Osinergmin.

 

Según explicó Ari Loebl, presidente del Comité de Biocombustibles, nuestro país no cuenta con un organismo autónomo que pueda velar por el adecuado desarrollo de este mercado, ya que el Ministerio de Energía y Minas —que es el más cercano a estos fines— basa su campo de acción solo en los sectores de hidrocarburos y minería. "El biocombustible se está desarrollando rápidamente en el país, por lo que es necesario contar con un organismo de esta naturaleza, tal y como lo ha hecho Chile que recientemente ha creado el Centro Chileno de Energías renovables", agregó.

Asimismo, Loebl propuso institucionalizar el bono del chatarreo de manera que se sustituyan gradualmente los vehículos importados de segunda mano que llegan a nuestro país y que generalmente han sido dado de baja en sus países por el alto grado de contaminación que ocasionan al medio ambiente. "Hay que hacer un balance y ver que le conviene más al Perú. Todos los países que han invertido para la creación de este bono observan como se recupera su inversión con un menor grado de contaminación", apuntó.

Loebl sostuvo también que existiría la intención de importar biodiesel en lugar de utilizar el que ya se produce en el Perú, sin tener en cuenta que el importado se encuentra subsidiado por sus países de origen, específicamente en Estados Unidos y Argentina. En ese sentido, dijo, nosotros no pretendemos que el Estado subsidie nuestros productos, pero sí que se busquen mecanismos creativos que permitan al producto nacional competir en igualdad de condiciones con el importado.
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En compañía de dirigentes de Fedeleche

En compañía de dirigentes de Fedeleche

15:45.- Diputado Javier Hernández se reune con ministra de agricultura para tratar tema de la leche

En compañía del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, José Pérez y de dirigentes de Fedeleche, el diputado Javier Hernández llegó hasta el ministerio de Agricultura, donde pudieron reunirse con la Ministra Marigen Hornkohl instancia en que pudieron plantear nuevamente la imperiosa necesidad de aplicar salvaguardias a los productos lácteos que ingresan desde Argentina y Uruguay.

 

El parlamentario osornino dijo que pidió a la ministra que apoye la presentación que Fedeleche está realizando ante la Comisión de Distorsiones y que a la vez se avance también en otro tipo de medidas para dicho sector, que ha comenzado un sostenido proceso de deterioro a través del cierre parcial o total de varias lecherías

 

"El escenario resulta muy complejo, ya que la importación de productos lácteos desde Argentina y Uruguay por un valor inferior al nacional, complica fuertemente la competencia entre los productores chilenos. También hay factores de carácter climático, de precio, y cambio de la estacionalidad, la producción de leche en Chile sufrió una pérdida de cerca de un 11% a un 14% en los primeros siete meses del año, además de una disminución en el consumo interno de entre un 5 y un 10 por ciento"

 

El diputado Javier Hernández hizo hincapié en la necesidad de proteger y resguardar la industria lechera nacional, para que ésta pueda competir con las mismas reglas que el sector internacional, interponiendo salvaguardias, pero enfatizando en que además se debe pensar en también en subsidios y estímulos tributarios en general.

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chilenidad 2.0

Revista del Campo
Chilenidad 2.0
Multitudes de jóvenes se reúnen en Santiago para bailar cuecas bravas, chefs llevan a nivel mundial la cazuela y mujeres y profesionales toman las riendas en el rodeo

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SANCIONAN A FUNCIONARIOS DE CONADI POR IRREGULARIDADES

Subsidios para compra de tierras
Conadi: sancionan a cuatro funcionarios por irregularidades
Sin cumplir requisitos, por la vía de casos especiales, se entregaron $2.400 millones a 75 personas y a seis comunidades. Sumario de Mideplan determinó despido del director del Fondo de Tierras, amonestación al director de Conadi, suspensión al fiscal y descuento salarial a un abogado.  

 

Presidente del agro retenido 4 horas en fundo de Araucanía

IMPACTO DE LAS MEDIDAS C 7

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