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 alerta sector agicola del pais |
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La violencia o aquellos eventos reñidos con la legalidad deben ser erradicados con la mayor prontitud posible. No ponerle atajo en lo inmediato de parte de las autoridades, puede traducirse en lamentos posteriores para la economía nacional
Una serie de graves sucesos han afectado al sector agrícola en distintos puntos del país en los últimos días. Tras lo cual los dirigentes del área -liderados por Luis Schmidt, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura- dejaron constancia de la creciente inquietud en el marco de reuniones con el renunciado ministro del Interior, Belisario Velasco, y el subsecretario del Trabajo, Zarko Luksic.
La solicitud del encuentro provino de los mismos privados, quienes acusaron presión de parte de los trabajadores temporeros de Copiapó para lograr la firma del primer acuerdo interempresas en este ámbito. Este fue suscrito por la Asociación de Productores y Exportadores de Copiapó y la frutícola Atacama, una de las exportadoras del rubro más grandes de esa zona.
Este hecho, a su vez, se sumó a la reciente toma de la productora y comercializadora agrícola MaxAgro, que es el tercer productor de cerdos del país.
Pero hubo un acontecimiento adicional, que completó el cuadro de aprensiones. A los actos ya de carácter terrorista constatados en carreteras aledañas a la zona de la Araucanía, se añadieron nuevos incendios en los predios del empresario agrícola, Jorge Luschinger, en cuyo contexto hubo además que lamentar la muerte de un estudiante de origen mapuche.
De ahí que resultan de toda lógica los temores expuestos por la SNA y su postura respecto a la necesidad de que el gobierno adopte medidas de carácter urgente. Nadie, a estas alturas, desconoce la importancia de cumplir a pie juntillas con la legislación laboral, no sólo en el área agrícola sino que en todas las ramas de la economía. Pero esto es distinto de la presión que en forma indebida -como se ha observado en forma reciente- puedan ejercer los trabajadores avalados en lo determinante que resultan los tiempos para la producción frutícola, por ejemplo.
Y, en este sentido, definitivamente no resulta un elemento clarificador el mismo comportamiento de la Dirección del Trabajo y peor aún que el gobierno actúe de "garante" en negociaciones interempresas pese a haberse comprometido a no propiciarlas.
En el país se requieren reglas claras y consistentes en el mediano y largo plazo, que sean un aporte a la consecución del objetivo de procurar mayor empleo y de mejor calidad. Se entiende, por lo tanto, que aquellos eventos reñidos con la legalidad deben ser erradicados con la mayor prontitud posible y que el gobierno debe dar las señales correctas. De lo contrario, puede generarse un complicado cuadro para los sectores productivos del país.
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