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sábado, marzo 15, 2008

Proponen ajustes al proyecto que crea nueva letra hipotecaria agrícola

Proponen ajustes al proyecto que crea nueva letra hipotecaria agrícola

Banco Central y Superintendencia de Bancos expusieron ante la Comisión de Hacienda sobre la iniciativa originada en una moción de los senadores Juan Antonio Coloma, José García, Pablo Longueira, Ricardo Núñez y Hosaín Sabag.

La necesidad de adaptar las normas del proyecto que crea una nueva letra hipotecaria agrícola a las normas de Basilea que son las que rigen a nivel mundial los mercados financieros, destacaron los representantes del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Así lo afirmaron los senadores José García y Jaime Gazmuri, integrantes de la Comisión de Hacienda, quienes coincidieron en que ambas instituciones plantearon inquietudes similares respecto a la iniciativa, en primer trámite, por lo que será necesario escuchar todas las opiniones y antecedentes para analizar este tema.

Los altos personeros expusieron ante la instancia, sobre la iniciativa originada en una moción de los senadores Juan Antonio Coloma, José García, Pablo Longueira, Ricardo Núñez y Hosaín Sabag y que modifica las normas relativas a la Ley General de Bancos con el fin de introducir una nueva categoría de activos de los bancos, para los efectos de su ponderación de riesgo, mediante una letra hipotecaria.

El senador Jaime Gazmuri, afirmó que tanto el instituto emisor como la Superintendencia de Bancos manifestaron que "establecer un sistema jurídico especial para normar los créditos para la agricultura era algo poco conveniente, tanto porque se discriminaba un sector como por la dificultad que existe en la economía moderna para definir qué es lo agrícola".

Agregó que "en vez de establecer una ponderación de riesgo por sector productivo, las normas internacionales de Basilea disponen que la entrega de préstamos y la ponderación de riesgo se haga por tamaño de la empresa".

En la misma línea, el senador José García recalcó que "hay que adaptar el proyecto a la normativa internacional que rigen los sistemas financieros y ellos hablaron de varias modificaciones porque se trata de impuesto con destino específico en este caso de la agricultura que necesita una buena definición".

El parlamentario explicó que se debe acotar si este criterio se aplica a la agricultura o también a la agroindustria porque existe una gran diversidad de empresas y actividades productivas que entran dentro de esta definición.

Cabe señalar que, la iniciativa apunta a resolver la dificultad y el costo del acceso al crédito de los agricultores mediante una letra hipotecaria agrícola, considerando los problemas de competitividad que enfrenta el sector a raíz de la caída en el precio del dólar y de la apertura del país a los mercados internacionales.

En la actualidad, un proyecto inmobiliario se financia, en general, a un plazo de 20 años y a una tasa real del 4% anual, bajo el requisito de garantía hipotecaria. Sin embargo, en el caso de las actividades agrícolas y contando con el mismo tipo de gravámenes, los préstamos se entregan a un plazo no mayor de 2 años y a tasas que se agrupan en alrededor del 8% real anual.

De esta manera, este instrumento podría ampliar significativamente los plazos de créditos para los agricultores y más aún bajar la tasa de interés de dichas obligaciones, lo que haría más seguro y competitivo este rubro.

Asimismo propone aumentar el plazo de liquidación de estas garantías en caso de incumplimiento, toda vez que si bien es cierto que este tipo de hipoteca mantiene y aún sube de valor en el tiempo, también lo es que su venta forzada suele requerir más plazo que el año legal que establece la norma general en esta materia.

INFORME FINANCIERO DE TRIBUNALES DE FAMILIA

Por otra parte, la Comisión de Hacienda inició el análisis del proyecto que pretende terminar con el colapso de los Tribunales de Familia, aumentando a 353 el número de jueces especializados y perfeccionando las normas de procedimiento.

La iniciativa, en segundo trámite, significa un mayor costo de $1.400 millones en régimen e incrementa en un 66% el costo total de la judicatura de familia.

Por estas razones, los senadores de la instancia solicitaron al gobierno conciliar las cifras finales del informe financiero porque originalmente el proyecto contemplaba menos jueces y menos recursos.

Por estas razones, la Comisión se reunirá mañana a partir de las 10:30 horas para concluir con el estudio del proyecto y proceder a su votación, ya que existe apoyo unánime para aprobar a la brevedad la iniciativa.

El proyecto cuenta con calificación de suma urgencia, es decir, de 10 días para ser aprobado por cada rama legislativa y contiene un conjunto de normas que, con los recursos necesarios y con la implementación efectiva, resolverá el problema de atochamientos de los Tribunales de Familia, tanto en materias procedimentales como en materias orgánicas.

Entre las normas aprobadas, destacan la que permite a los jueces fijar alimentos provisorios y la que establece la obligatoriedad del proceso de mediación.

De este modo, como la mediación se hace obligatoria, existe un criterio de gradualidad, porque son alrededor de 180 mil mediaciones las que se pueden hacer en el sistema.

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