Paulina Pozo Infanta *
En Chile, durante los últimos meses se está llevando a cabo un encendido, aunque poco conocido debate sobre la propuesta del Senado de una Ley para la liberalización del uso de transgénicos en la manipulación de semillas. Este artículo presenta una posición crítica sobre los principios de la Ley en debate y describe el contenido del marco de convenios internacionales que la sustentan.
Las características de la economía de mercado globalizante implementadas en Chile durante las últimas décadas han permitido la privatización de bienes de uso colectivo y la concentración de su comercialización en manos de consorcios empresariales como la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (Endesa), en el caso del agua, y el Grupo Matte, en el caso de la tierra. Esto, asociado a un creciente y progresivo proceso de acumulación de capital generó profundas desigualdades en las que priman el racismo y clasismo socioambientales.
Las desigualdades se manifiestan en la instalación de vertederos, empresas forestales y salmoneras en territorio mapuche; en la construcción de viviendas sociales sobre humedales, aumentando las condiciones de vulnerabilidad social de las comunidades, expuestas a la contaminación por la instalación de complejos industriales, por ejemplo el caso de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) en Ventanas, comuna Puchuncaví de la Región de Valparaíso y plantas termoeléctricas en las localidad de Coronel, en la Región del Biobío.
Entre convenios y presiones internacionales
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) fue creada el 02 de diciembre de 1961 en Francia. Se trata de un Convenio entre Estados, creado por la Convención Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales. Su objetivo es el resguardo de los derechos de propiedad intelectual sobre especies vegetales, donde el Estado que suscribe debe vigilar y proteger derechos de propiedad privada y sancionar a quienes violen la Ley de Obtentores.A la fecha se han dictado tres Actas con disposiciones para cumplir este objetivo: 1972, 1978 y la última data de 1991. Al ocho de julio de 2011, contaba con la adhesión de 70 países miembros, entre los cuales se encuentra Chile, que forma parte desde el 5 de enero de 1996 con la ratificación del UPOV-78, según dispone la Ley 19.342, aún vigente. El 11 de mayo de 2011, el senado chileno aprueba la adhesión de Chile a UPOV-91. Esto viene asociado a dos proyectos de Ley que permitan su eficaz funcionamiento: Ley de Obtentores Vegetales - que legaliza UPOV-91 otorgando derechos de propiedad privada sobre especies vegetales a particulares y empresas - y Liberación de Cultivos Transgénicos, que permite las condiciones para la introducción y expansión de cultivos transgénicos en el territorio chileno.
Actualmente, a través de la adhesión de Chile al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), el proceso de privatizaciones sigue creciendo en el área de la agricultura familiar campesina e indígena, a través de la apertura al patentamiento, privatización y manipulación genética del patrimonio cultural y genético que significan las semillas.
Como se dice en el documento presentado al Tribunal Constitucional por las Organizaciones Sociales y Ciudadanía de Temuco - Araucanía: Rol 1988 - 11, sobre requerimiento Constitucional, Ilegalidad e Inconstitucionalidad UPOV 91, 14 de junio de 2011
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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