¿"Situación de terror" en La Araucanía?
En la medida en que se socava el respeto al orden jurídico y se obliga a las personas a protegerse a sí mismas recurriendo a la fuerza, va perdiendo sentido -para todos- el discurso sobre derechos y reivindicaciones...
En una extensa y ponderada entrevista con este diario, el saliente fiscal regional de La Araucanía ha presentado un balance de su gestión como responsable de la persecución penal de los delitos cometidos en esa región por violentistas que se arrogan la representación de la etnia mapuche. Sus declaraciones tienen un peso particular, pues surgen de un conocimiento directo de la situación y, además, son congruentes con las que ha venido realizando en los últimos años: en estas causas los tribunales elevan las exigencias probatorias; el trasfondo es un problema histórico derivado en parte de la aplicación de "legislaciones especiales" a una etnia que convive con el resto de los chilenos; la reserva de identidad de ciertos testigos es indispensable, entre otras.
Uno de los aspectos más complejos de la realidad que dio a conocer hace un año -la existencia de una verdadera "guerrilla rural"-, se replantea a propósito del caso Luchsinger MacKay. Se trataría -afirma el fiscal- de "un hecho más de una serie de otros de gravedad y que está dado por el descontrol que se fue generando" en los grupos violentistas. Tal descontrol se explicaría por una mayor actividad preventiva y represiva de los órganos del Estado en la región, la cual, sin embargo, no sería suficiente para impedir que "la espiral de violencia a través de la realización constante de hechos lleve a esta posibilidad de que el encuentro, la disputa, la rencilla, sea contestada". No se trata de impulsar ni aprobar que los particulares hagan justicia por su propia mano, pero "frente a la realidad y la ausencia de controles ante los excesos de los violentistas", es posible entender una reacción que el fiscal -citando a otras personas- califica con quizá deliberado candor como "una forma distinta de buscar la justicia". En este contexto -observa-, "cómo no va a haber una situación de terror", si "las personas incluso están dispuestas a perder la vida para defender lo propio".
Este diagnóstico, confirmado por el hecho de que un atentado como el que sufrió la familia Luchsinger MacKay "ya se había anticipado", contiene un cuestionamiento apenas velado a la capacidad del Estado para hacer frente a una secuencia ininterrumpida de hechos delictivos cuyo comienzo data cuando menos de 1997, y aun antes.
El Estado ha sido hasta ahora incapaz de poner atajo a esa "espiral de violencia", hasta el punto de que los habitantes de esa región están dispuestos a "perder la vida" para defender sus derechos, y sin duda muchas razones explican por qué se ha llegado a esta situación. Pero ninguna de ellas podría ser suficiente para justificar la ineficacia de las instituciones estatales, que existen precisamente para garantizar el respeto a los derechos más básicos -comenzando por la autoconservación- en el marco de la legalidad. El primer fin de la obediencia de los ciudadanos frente al Estado es la protección que solo este puede otorgar. En la misma medida en que se socava el respeto al orden jurídico y se obliga a las personas a protegerse a sí mismas recurriendo a la fuerza, va perdiendo sentido -para todos los involucrados- el discurso sobre derechos y reivindicaciones.
Y lo que se dice de La Araucanía tiene en realidad un escenario más vasto. Lo ilustra el gravísimo atentado contra un destacamento de Carabineros por unos 90 encapuchados de la etnia pehuenche, que obligó a retirarse a la fuerza policial.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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