ENCUESTA "Barómetro", de Chile Transparente y MORI, reveló la opinión de los chilenos sobre las instituciones:
Ya hace unos días Davor Harasic en presidente del capitulo chileno de Transparencia Internacional , señalaba a otro medio , que Chile esta enfermo de “ Secretismos” y eso hace que la corrupción se hará cada vez más difícil de descubrir y combatir, con el riesgo de ser menos probos y seguir siendo opacos.
Los vicios públicos al desnudo
En El Mercurio, de ayer domingo 19 de febrero 2005 , Laura Garzón Ortiz, publicó un interesante trabajo , que no puede menos que preocuparnos . Abre un punto de atención.
Los partidos políticos y el Congreso no tienen buena imagen entre los chilenos, al menos así lo revelaron los resultados del "Barómetro".
El estudio mostró que los partidos políticos, el sistema judicial y el Congreso son las esferas que la gente percibe como más afectadas por la corrupción. En contraste, las organizaciones religiosas son bien evaluadas.
Todo depende del cristal con que se mire. El año pasado, las autoridades políticas y empresariales celebraron los buenos resultados obtenidos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) -elaborado por Transparencia Internacional consultando la opinión de hombres de negocios y analistas- que ubicó a Chile como la nación menos corrupta de América Latina, situándose en el lugar 21 entre 159.
Pero esta visión de la elite, de un país casi ajeno a este flagelo social, se contrapone con lo que piensa el ciudadano común y corriente. Así lo demuestra el "Barómetro" realizado por MORI (Market & Opinion Research International), por encargo de Chile Transparente, y que mide a nivel de la calle los alcances de la corrupción.
El resultado, a diferencia del obtenido en el IPC, fue poco alentador: el 54% de los encuestados cree que la falta de probidad aumentó en los últimos tres años.
"Esta percepción quizá está influida por la presencia de este tema en la agenda informativa. Un país puede mostrar altos grados de corrupción instalados pero, como los medios de comunicación no los consignan, la gente los desconoce. En cambio, en otro que tiene poca corrupción, pero los casos que se producen se publicitan, la percepción será más alta", explica el informe de Chile Transparente.
Las más críticas son las mujeres. El 38% de ellas sostiene que la corrupción se ha incrementado mucho, mientras sólo el 31% de los hombres tiene esa visión.
No es que los chilenos seamos más papistas que el Papa. La directora ejecutiva de esta entidad, Jacqueline Plass, señala que el comportamiento de la población nacional es muy similar al que presentan países desarrollados.
"Existe -comenta- una apreciación general de que la corrupción está avanzando en la sociedad. En Estados Unidos, el 65% considera que ha crecido mucho; en Canadá el 58% y en Israel el 79%".
Pero no todo son señales negativas. La mirada de los chilenos sobre el futuro es más halagüeña y ante la pregunta de cómo evolucionará la falta de probidad en los próximos años, sólo un 20% cree que se incrementará.
"Somos críticos con la situación actual y pasada, pero estamos esperanzados en que la situación puede mejorar. No pasa lo mismo en países más pesimistas como Israel -donde un 56% cree que va a aumentar-, Canadá (38%) o México (50%)", contextualiza Plass.
La encuesta no sólo se centró en analizar la mirada general que tiene la población sobre la corrupción y la transparencia, sino que también sobre el fraude social. Éste comprende aquellos ámbitos del comportamiento colectivo que no tienen sanción legal ni social, pero que están en el lado oscuro de la moral colectiva, transgrediendo normas que nadie controla adecuadamente en su aplicación.
En esta área se testean: la ética en el trabajo, en el pago de impuestos, en el uso de los subsidios públicos y la moral hacia los bienes privados.
El "pecado" más reconocido por los encuestados es simular estar enfermo para no ir a trabajar. El 37% declara que conoce o ha oído de alguien que ha incurrido en esta práctica. Este porcentaje es mayor en los hombres (40%) que en las mujeres (35%). "El impacto de este masivo fraude social sobre el desarrollo del país es enorme y deja de ser un fenómeno individual pasando a ser uno colectivo", argumenta el informe del Barómetro de Chile Transparente 2005.
En 2003 fueron noticia de primera plana los casos de médicos que extendían falsas licencias. Esta situación dejó al descubierto el alto gasto público en estos pagos, el que asciende a más de $270 mil millones anuales. De ellos, es difícil determinar qué porcentaje es fraudulento.
Sin embargo, se encendió la luz roja y tanto Fonasa como las Isapres se pusieron más exhaustivas a la hora de analizar los permisos y los médicos, menos generosos para otorgarlos.
En otro ámbito, un 24% dice que ha escondido productos en los supermercados para no pagarlos en la caja. Cálculos del gremio que agrupa a estos establecimientos comerciales, estima en US$ 150 millones anuales las pérdidas por estos robos "hormiga".
Otro 19% de los entrevistados afirma que se las "arregló" para pagar menos impuestos de los que le correspondía, y el 11% reconoce que se ha beneficiado de un subsidio que no le correspondía, como mal uso de las tarjetas de Fonasa, del Serviu o de educación.
Pese a que la evasión tributaria se ha reducido en los últimos años, gracias a los esfuerzos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el año pasado todavía llegaba al 18% del PIB.
En el caso del mal uso de los subsidios de salud, hace tres años causó escándalo público el reconocimiento de Fonasa de pérdidas por casi $92 mil millones anuales, producto de la atención médica de familias que, pese a recibir ingresos por sobre el millón de pesos, se declaraban indigentes y se atendían gratis.
Para reducir estas prácticas ilegales, firmó un convenio con el SII para cruzar datos de ingresos e implementó el uso de la huella digital para sacar bonos.
"El fraude social -comenta el 'Barómetro'- es, por una parte, el resultado de una sociedad que no le da la importancia debida a este tipo de rompimiento de las normas y, por la otra, del Estado, que no tiene la capacidad de abordar este problema como un tema de desarrollo país".
Políticos, mal mirados
Los resultados del "Barómetro" además confirmaron la mala opinión que tiene la población sobre algunos sectores que en otras encuestas también sacan nota roja. Los partidos políticos, el sistema judicial y el Parlamento son las esferas de la sociedad que la gente percibe como más afectadas por la corrupción.
"En la mayoría de las instituciones medidas, Chile se ubica en un lugar entre el promedio de América Latina y el mundo desarrollado. Es decir, estamos a mitad o a un tercio del camino de comportarnos como nación desarrollada en materia de probidad", analiza el "Barómetro".
Nuestro país no es una excepción a nivel mundial. De las 69 naciones donde se realizó la encuesta, en 45 los partidos políticos figuran como las instituciones más corruptas.
"Mientras más desarrollados los países, son más críticos y les exigen más a los políticos. En cambio, en los con menos desarrollo, se le pide más a otras instancias, como la policía, por ejemplo", afirma Jacqueline Plass.
El abogado Juan Pablo Olmedo, presidente de Pro Acceso -una organización que promueve el ejercicio del derecho del acceso a la información pública-, sostiene que la mejor manera de prevenir la corrupción es invirtiendo en transparencia y, en particular, favoreciendo el derecho de acceso a información pública.
"La Constitución no establece una institucionalidad activa que reoriente la cultura y habilite mecanismos destinados a, por ejemplo, generar información de interés público", puntualiza.
En naciones como el Reino Unido y México se han creado instituciones autónomas para promover el acceso a la información pública -diseñando códigos de conducta para sus funcionarios- y que cuentan con atribuciones para servir de nexo entre las personas que la requieren y los organismos del Estado.
Incluso esas instancias tienen poder para acudir, en representación del interés general, ante los tribunales de justicia cuando la conducta del órgano estatal va contra la legislación.
En Chile, ese escenario es aún lejano y los pasos que se han dado no aseguran una apertura efectiva.
La ley de probidad de 1999 estableció la publicidad de los actos administrativos, pero posteriores reglamentos dieron marcha atrás y permitieron a los servicios públicos restringir esa garantía esgrimiendo necesidad de reserva.
Un nuevo intento se dio el año pasado con la reforma a la Constitución, donde se elevó a ese rango el derecho de acceso a la información.
Sin embargo, los senadores mantienen la cultura del "secretismo" y se resisten a hacer públicas, por ejemplo, sus votaciones en diversas materias como en los nombramientos en la Corte Suprema o de los consejeros del Banco Central.
Esta falta de transparencia quedó de manifiesto en un estudio efectuado el año pasado por la Fundación Participa en 10 países -de América, África y Europa- y que evaluó el acceso a información. Los resultados situaron a Chile en el último lugar de este ranking.
La deuda de la Justicia
El Poder Judicial fue la segunda institución peor evaluada por los encuestados en el "Barómetro". Para el presidente del Colegio de Abogados, Sergio Urrejola, esta mala visión puede estar alimentada por los resultados de los procesos judiciales que, muchas veces, son diferentes a los esperados por los ciudadanos.
"En parte, esta percepción se ve incrementada, entre otras consideraciones, porque no ven que los actores del ámbito jurídico protejan y salvaguarden las garantías personales frente a los abusos del Estado", sostiene.
Añade que no sabe la función que cumplen los tribunales. "Hace falta -dice- un control ciudadano del trabajo de los jueces, en el sentido de conocer el número de fallos que redacta cada uno, las licencias y permisos, y otras circunstancias que transparenten su trabajo".
El año pasado, la Corte Suprema encargó un estudio que reveló serios problemas de imagen. Los encuestados la veían como aislada, corporativista, que actúa a la defensiva y que no se ha modernizado.
El sector privado (empresas) también está en el lado rojo del Barómetro, ubicándose en el cuarto lugar. La gente considera que el 70% del ambiente de negocios se ve afectado por la corrupción. "El promedio mundial es 65%, es decir, estamos sobre la media", detalla Jacqueline Plass.
Revisando los resultados del "Barómetro" en otros países, el mundo de los negocios -aunque no se considera tan corrupto como la vida política- también obtuvo una puntuación muy pobre.
La peor evaluación se registra en África, donde en Etiopía, Kenia y Togo los encuestados creen que la corrupción afecta esta esfera tanto o más que la vida política.
En Europa y Asia, más del 50% de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, Italia, Portugal, Filipinas, Corea del Sur y Taiwán comparten la mala imagen.
"A la inversa, menos personas en América Latina, a excepción de Perú, declararon que la corrupción afecta a la empresa privada", consigna el informe.
En el otro extremo del "Barómetro" chileno están las organizaciones religiosas, el sistema educacional, los servicios médicos y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que son percibidas por la gente como probas.
FICHA:
- Entrevista cara a cara.
- Muestra probabilística trietápica en hogares.
- 1.200 casos.
- Margen de error 3%.
Cobertura:
Ciudades de más de 40 mil habitantes, mayores de 18 años, de Arica a Puerto Montt, representando el 70% de la población nacional.
Fecha de aplicación: 25 de agosto al 2 de septiembre de 2005.
América Latina
Sobornos costosos
A diferencia de lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, Chile es una isla que al parecer aún no es azotada por el flagelo de los sobornos, una práctica generalizada en varios de los países vecinos.
El 95% de los entrevistados en el "Barómetro" afirmó no haber pagado coimas en el último año. Sin embargo, ante la pregunta abierta ¿Cuáles son las malas prácticas más comunes entre los chilenos?, el soborno figura en el primer lugar con 21% (ver infografía).
Los líderes en este tipo de malas prácticas, de acuerdo con los resultados del Barómetro Global 2005, son países como Camerún, Paraguay, Camboya y México, donde entre el 31% y 45% de los encuestados reconoce haber tenido que pagar una coima. También en "zona roja" figuran Guatemala, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Perú e incluso naciones europeas como Rusia, Grecia, Rumania y la República Checa.
Estas "transacciones" ilegales buscan desde evitar problemas con las autoridades y acelerar trámites hasta facilitar el acceso a servicios públicos.
La encuesta fue más allá y determinó el costo anual de los sobornos que varió entre los US$ 36 de Paraguay, por persona, hasta los US$ 205 de Camerún. En Latinoamérica, son los mexicanos los que gastan más en coimas, con US$ 111.
"Cuando se compara -indica el Barómetro- el PBI per cápita, queda claro que las familias en algunos países deben gastar sumas extraordinarias de sus ingresos en sobornos. En 11 de 19 naciones para las cuales hay datos disponibles, las familias gastan menos del equivalente del 10% del PBI per cápita y en Camerún, Nigeria y Ghana ese porcentaje se eleva a casi un quinto del PBI".
