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| Pronto Fallo del Caso Pollos Reactiva Agenda Contra Colusión | |||||||||||||||||
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A pocos días de conocerse están las eventuales multas del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por el cartel formado entre Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, con la intermediación de su gremio la APA. Este veredicto, ya está moviendo al gobierno y a las autoridades a retomar la discusión de herramientas efectivas para desbaratar malas prácticas como éstas en el país.
Ad portas de conocerse está el fallo del denominado “caso pollos”, donde la Fiscalía Nacional Económica denunció a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, por haber formado un cartel intermediado por su gremio, la APA. Así lo confirmó a ESTRATEGIA el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, indicando que “estamos trabajando intensamente en eso, esperamos que salga relativamente pronto”.
Mejores Armas
Además del interés público por las sanciones que aplicará el TDLC –la FNE pidió multas conjuntas por más de US$100 millones en su requerimiento a las empresas y la disolución de la APA- el fallo reactivará la agenda del gobierno para reformar al sistema de libre competencia, y de las autoridades contra malas prácticas como la colusión, que es la de mayor gravedad.
Esto, paralelo a la profunda transformación que potenciará fuertemente al Sernac y a la mesa formada por el senador Eugenio Tuma con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán y los superintendentes de Valores y Seguros, Carlos Pavéz; de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado; y de Pensiones, Tamara Agnic, para aumentar las sanciones por delitos económicos como los conocidos en el “caso Cascadas”.
De hecho, ya hay luces al respecto. El Senado reflotó la discusión del controvertido proyecto de ley que busca reponer la pena de cárcel de hasta 5 años para los ilícitos de colusión, en una iniciativa paralela a la idea de reforma del sistema de libre competencia del gobierno, aunque esta última igualmente incluiría esa sanción. Al momento, se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta.
En esta moción senatorial que ya está aprobada en general, que se discutió en el año 2011 y quedó durmiendo en el Congreso, el presidente de la Comisión, Felipe Harboe, anunció que planteará también como alternativa disuasiva eliminar los techos de las multas por carteles, que hoy son de 30.000 UTA, con el objetivo de que las empresas no incorporen dentro de sus cálculos de modelos de negocio colusivos los costos de las sanciones máximas. Se buscaría establecer un porcentaje de las ventas anuales, que podrían ser un 30% de ellas.
Asimismo, Harboe apuntó que presentará una indicación para incorporar el criterio norteamericano en la indemnización de perjuicios para los afectados por colusión, es decir, por cada peso que se haya tocado del consumidor, la compañía tendrá que pagar tres. Hoy, las multas son a beneficio fiscal. Aseguró, a su vez, que este proyecto se aprobaría este año, antes del relacionado a la reforma del sistema de libre competencia del gobierno, que por ahora es sólo una idea y no una iniciativa concreta.
Penas de Cárcel Para Desbaratar Carteles
Las visiones más encontradas son generadas por la posible penalización de la colusión. Menchaca es el más crítico y apuntó en ese sentido que “es más eficiente un sistema en que haya autoridades especializadas que puedan conocer los casos de libre competencia –FNE y TDLC-, pues con eso es más fácil poder luchar contra los carteles correctamente”.
“Independiente que se solucione lo de la delación compensada, el tema de que existan dos procesos en paralelo conociendo el mismo asunto –con entidades especializada y otra que no, el Juzgado del Crimen-, hace más difícil la prueba y la persecución de carteles”, aseveró.
El integrante del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, Ricardo Jungmann, recordó que el año 2004 el Poder Legislativo tomó la decisión de despenalizar la colusión, por lo tanto, en ese momento se decide seguir un modelo tipo europeo, reforzando las sanciones vía multas, ya que el primero es de corte estadounidense.
“El tipo penal ha dado resultados en varias partes del mundo, pero tiene el tremendo inconveniente de desincentivar la delación compensada. La única forma de que no pase es que el fiscal nacional económico, junto con ofrecer la exención total de multa, pudiera librar del peligro de cárcel. Esto requerirá cambiar el Código Penal”, manifestó.
En esa misma línea, Harboe expresó que para solucionar lo anterior, se puede establecer una delación compensada completa, o sea, si es que se inicia un proceso penal a la persona que se acogió a esa figura se le evite ser perseguida por el Ministerio Público en casos de colusión, problema que ocurrió en el emblemático “caso farmacias”.
El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, expuso su visión del tema en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta. En la ocasión, recalcó que no se puede volver al régimen antiguo de penalización de la colusión, que no fue efectivo, dado que consideraba nada más que al Ministerio Público en el proceso y de paso, debilita la delación compensada para desbaratar carteles.
Una visión distinta tiene el director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, quien declaró que la penalización puede ser un buen incentivo para la ruptura de carteles, incluso más fuerte que la delación compensada ya que el miedo de caer en la cárcel no es menor.
Tomando en cuenta los temores de falta de coordinación entre los distintos organismos a causa de lo anterior, Agüero ejemplificó que la experiencia de la Superintendencia de Valores y Seguros en el “caso Cascadas” revela que ese miedo es infundado. “Ya que aquí paralelamente aparte de lo administrativo hay demandas civiles y también investigaciones penales, y aun así cada uno lleva a cabo su trabajo perfectamente”.
Multas e Indemnizaciones Adecuadas
En cuanto a que se cambien los límites de las actuales multas por colusión, tanto los titulares de la FNE y el TDLC están de acuerdo con que las sanciones económicas estén relacionadas con el tamaño de la empresa y la gravedad de las infracciones para que sean más efectivas.
“En lo que ha habido consenso, es en cambiar el sistema de sanciones que tiene un techo máximo de 30.000 UTA, para que se aplique uno según el volumen de ventas anual. El tope debe ser proporcional al tamaño de la empresa. A esto se debe sumar el castigo personal a ejecutivos y directores, con inhabilidades en el mundo privado y estatal”, asegura Jungmann.
Considerando la indicación que se presentará al proyecto, referente a triplicar las indemnizaciones por perjuicios en casos de colusión más graves, Agüero expuso que el sistema lleva un tiempo aplicándose en EE.UU., “pero en Chile todavía no tenemos ninguna sentencia de este tipo a favor de los afectados por temas ligados a la libre competencia”.
Por lo que, dijo, hay que tener cuidado de importar este sistema, donde el cálculo de los daños es bastante complejo y de paso, produce incentivos altos para las litigaciones privadas. Existe consenso en que lo que se tendría que realizar, es destrabar el proceso para que los afectados por casos de colusión reclamen por sí mismos ante la justicia.
fuente : estrategia
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