La impunidad político empresarial*
Juan Pablo Cárdenas | Martes 3 de noviembre 2015 8:54 hrs.
En la política nacional es muy poco frecuente que haya quienes paguen por sus errores o sean efectivamente sancionados por sus delitos. La clase política, al igual que la de los más encumbrados empresarios son tributarias de una impunidad realmente agraviante.
Por largos meses, hay parlamentarios sindicados por los delitos de cohecho y recepción ilícita de recursos de parte de las empresas, pero más allá de algunos sinsabores, todos siguen ejerciendo como diputados o senadores de la República, tomando decisiones en las cuales, al menos, debieran sentirse inhabilitados de concurrir. El país sabe perfectamente, también, que hay un conjunto de alcaldes vinculados a los sucios negocios de la recolección de basura, por ejemplo, pero allí siguen impertérritos en sus cargos y hasta se preparan, incluso, para repostularse en las próximas elecciones municipales.
Una situación que se hace vergonzosa, además, en La Moneda, donde los gruesos errores y despropósitos de ministros y subsecretarios parecieran más bien afianzarlos en sus cargos, pese al daño que le hacen al país, al propio Ejecutivo, como a la deteriorada imagen de la Jefa de Estado. Da pena observar en estos últimos días el estado de confusión o desesperación de algunos secretarios de Estado ante la imposibilidad de solucionar el conflicto con los funcionarios del Registro Civil, luego de largas semanas en que soslayaron el conflicto y las demandas de estos empleados públicos, profiriéndoles toda suerte de amenazas en el intento de quebrar su movimiento, como desacreditar su imagen pública. En efecto, en más de un mes de huelga, son ahora los funcionarios paralizados los que tienen el sartén por el mango y las autoridades ya no tienen más remedio que ceder y ofrecer las soluciones que su legítima protesta exige.
Recordémonos de las bravatas de hace dos o tres semanas de la propia ministra de Justicia, como de la titular del Trabajo y del mismo ministro vocero, más allá de los escupitajos lanzados a los trabajadores, como de costumbre, por el subsecretario del Interior Aleuy. Personaje que, como se sabe, mientras más chambonadas hace, más se atornilla en su cargo; situación que seguramente llevó al presidente de la ANEF, Raúl de la Puente (de su mismo Partido), a decir que más parecía un subsecretario de la Dictadura.
Pese a los turnos éticos que cumplen los huelguistas del Registro Civil, su paralización se hace enervante para los ciudadanos que tienen que cumplir todo tipo de trámites ante este servicio, pero el Gobierno se demora en ofrecerles una solución plausible, aun cuando la razón de los movilizados es contundente, como terminante se espera que sea la protesta de todos los empleados públicos si el Gobierno no les ofrece un reajuste salarial digno antes de fin de año. Sin embargo, es evidente que los que tomaron la decisión de ningunear a los funcionarios públicos y dilatar una solución siguen todavía en sus cargos y es muy probable que permanezcan inamovibles en éstos. Por el contrario, es cosa de recordar nuestra propia historia, como observar lo que sucede en otros países, para comprobar lo poco que suelen extenderse en sus cargos los políticos torpes y pertinaces.
Es triste, pero con todo ello lo que se afecta es la popularidad de una Presidenta de la República que se demuestra incapaz o sin resolución, hasta aquí, de golpear la mesa e intervenir directamente en un conflicto que daña transversalmente al país, exigiendo de sus colaboradores una pronta y satisfactoria solución.
Sin embargo, frente a un nuevo y gravísimo escándalo de corrupción empresarial, La Moneda sólo sale a lamentar lo sucedido, pero a la vez valorar una de las conductas más insultantes e hipócritas de los últimos tiempos, como esa solicitud de perdón que nos ha hecho a través de El Mercurio el mandamás de la principal papelera del país que, por más de 10 años, estuvo fijando especulativamente los precios de sus productos. Una súplica repugnante y cobarde de Eliodoro Matte Larraín, sin siquiera reconocer su responsabilidad en la colusión e imputársela a sus gerentes y colaboradores. Sin ofrecer, tampoco, forma de reparación social alguna como sin anunciar, como correspondería haberlo hecho, sendas querellas contra quienes –según él- lo engañaron… Insisto: por más de 10 años.
Con su mejor cara de niño compungido, el ministro del Interior valora este falso acto de perdón hecho ayer ante la prensa por empresario que hasta la semana pasada era uno de los más duros y arrogantes fustigadores del Gobierno y de la Presidenta, a propósito de la Reforma Laboral que se tramita en el Parlamento. Una historia personal que habla de abusos, especulaciones y delitos múltiples en el cometido de acrecentar su multimillonaria fortuna personal. Ni siquiera en su precariedad intelectual, o su beata mojigatería, es posible aceptar la reacción del ministro Jorge Burgos. Menos todavía cuando se trata de un abogado que entiende, o debiera entender, cómo funcionan las empresas y cómo habitualmente se desempeñan sus propietarios ávidos de riqueza.
Con su compasión, la verdad es que el ministro Burgos ofende a un país irritado por este nuevo asalto a sus bolsillos. Un delito plenamente consentido por la política y muy en particular por el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar que decidió eliminar el delito de colusión y suprimir las penas de presidio para sus infractores. Es decir, para las empresas monopólicas que, en realidad, son las únicas que pueden realmente cometerlo.
Se observa que el Gobierno se tomará con mucha calma este nuevo escándalo, aunque debemos valorar su decisión de ponerle suma urgencia al proyecto de ley que repone la tipificación del delito de colusión y recupera las sanciones de cárceles para quienes lo practiquen. Pero veremos si otra vez esta iniciativa no tropieza con las zancadillas de tantos parlamentarios y funcionarios de gobierno renuentes a supervisar la actividad de las grandes empresas que les solventan sus carreras políticas y hasta les implementan a algunos sus abultadas remuneraciones.
Quizás la pálida, casi paternal, reprimenda del ministro del Interior a estos nuevos infractores anime al propio ex presidente Lagos a pedirle perdón al país por lo obrado en su gobierno en favor de estas colusiones empresariales. De hacerlo, lo más seguro sería que, en vez de alguna sanción, aunque fuera sólo moral, el ministro Burgos se conmueva y lo proclame como candidato presidencial del oficialismo, propósito que ya adelantó en ausencia de la Presidenta en La Moneda cuando hace algunas semanas lo recibió con exagerados aspavientos.
En las colusiones que también existen entre empresarios y políticos, cuanto entre empresarios y medios de comunicación, es jocoso observar a algunos conductores y opinólogos de los medios discurriendo sobre la mejor forma de indemnizar a los millones de chilenos víctimas hasta en sus labores higiénicas de la voracidad de las grandes empresas. Será porque son demasiado jovencitos estos "rostros de la Tele" que no saben, o no se acuerdan, que en nuestro pasado republicano un fraude de tal naturaleza merecía lisa y llanamente la expropiación de tales empresas por el Fisco. Tampoco reparan éstos en ante un delito como éste otros países encarcelan a sus mandamases o los multan con cifras por muy por encima de lo defraudado, para así disuadirlos de cometer nuevas fechorías.
Es curioso observar que figuras, que en el pasado se demostraban tan radicales, ahora no propongan derechamente la confiscación de las empresas fraudulentas, cuando durante el gobierno de la Unidad Popular, por ejemplo, se asumieron como los campeones de las estatizaciones. Afanándose por establecer el socialismo y la propiedad colectiva de los medios de producción.
Creemos justo instar a Perú, a Colombia y otras naciones, que también han sido afectadas por la voracidad de los grandes mafias empresariales chilenas, para que ellas sí se propongan procesar, multar, expropiar y ojalá encarcelar a estos verdaderos venda patrias chilenos, que aquí tienen tan domesticada a la política y a los más poderosos medios de comunicación. Que en estos países ojalá se haga justicia en honor de los millones de consumidores chilenos defraudados. Y dejen en evidencia que nuestro país sigue secuestrado por el orden político económico y social de Pinochet. Como por quienes recibieron de sus propias manos la banda presidencial, jurando respetar, hasta hoy, su Constitución y sus leyes.
*(Comentario radial, 3 de noviembre, 2015)
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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Santiago- Chile
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